lunes, 27 de abril de 2009

La herencia del mercantilismo español


El monopolio, el privilegio, la restricción a la libre actividad económica de los particulares, o cualquier otra, son tradiciones profundamente arraigadas en las sociedades de origen hispánico.
Y lo que valía para las personas, valía con más razón (o sin razón) para mercaderías. Buenos Aires no tuvo derecho a ningún comercio marítimo hasta 1776, cuando se le hizo Virreinato. Hasta ese año, las importaciones y exportaciones de esta comarca atlántica estaban bajo la jurisdicción del Virreinato del Perú, lo cual significaba en la práctica que un cargamento procedente de Cádiz o Sevilla y destinado a Buenos Aires tenía que ir a Portobello, en la costa oriental de Panamá, cruzar el istmo a lomo de mula, ser transportado por el Océano Pacífico hasta Lima y ...de allí, de nuevo a lomo de mula traspasar la cordillera de Los Andes por La Paz, hasta la llanura y la costa del Océano Atlántico. Cuando tan inverosímil obligación fue derogada, el precio en Buenos Aires de los artículos importados bajó de un golpe a un tercio de lo que era anteriormente, y las producciones de cueros y lana de la provincia por primera vez se hicieron asequibles al comercio de exportación.
Para el ánimo mercantilista español, retrógrado (que miraba hacia la Edad Media como un modelo insuperable, y ni intuía ni aspiraba al naciente capitalismo) la actividad económica de los particulares era algo casi pecaminoso, y en todo caso despreciable y propicio a ser esquilmado a cada vuelta del camino y a cada paso de río.
Hoy perduran en Latinoamérica y lastran su desarrollo económico actitudes y situaciones que obstruyen la actividad económica privada conducida de buena fe, y a a la vez estimulan y premian a los negociantes inescrupulosos, a los traficantes de influencias, a los sobornadores de funcionarios públicos y defraudadores del fisco. Y frente a esto la reacción espontánea del gobernante heredero de la tradición mercantilista hispánica será aumentar los controles, las restricciones, las fiscalizaciones, sin advertir que no hay ninguna razón para que haya menor proporción de gente sobornable entre los contralores que entre los controlados, de manera que con cada nuevo trámite, con cada nueva restricción crecen las probabilidades de corrupción y disminuyen las posibilidades de desenvolverse los ciudadanos sin recurrir a expedientes extraordinarios, aún para las gestiones más corrientemente necesarias, y con mucha más razón para los asuntos que implican inversión de dinero y expectativa de beneficio. El funcionario venal tendrá interés positivo en la multiplicación de requisitos, licencias de exportación y de importación, permisos especiales para todo menos para respirar y ver el paisaje. Estas obstrucciones van a ser, cada una, la ocasión de una oferta o una solicitud de soborno. Y el funcionario honesto tendrá tenencia a la vacilación, cuando no a la parálisis, por temor de que su buena disposición hacia tal o cual proyecto sea interpretada como producto de alguna oscura transacción.
FUENTE: "Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, Mitos y realidades de América Latina".de Carlos Rangel

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